Florida, 4 jun.- En los últimos tiempos los floridanos escuchamos hablar de planes cada vez más grandes en la siembra de alimentos; miles de hectáreas se plantaron en el 2020 y otras tantas se planifican dejar cubiertas de viandas, granos y hortalizas durante el periodo en curso, en busca de responder a la demanda del pueblo con respecto a los productos del agro.
Todo ello sin contar los volúmenes de tierra fértil que suman las familias como parte del movimiento de Agricultura Popular Urbana y Suburbana creciente en patios y solares, y que aun cuando nadie, o casi nadie lo controla o cuantifica de forma eficiente, sin duda reportan aquí toneladas de alimentos en las cocina y en los mercados privados del territorio.
A estas alturas resulta cada vez más difícil afirmar que toda la comida agropecuaria de Florida llega de Ciego de Ávila o de otros municipios del país; una investigación sencilla y un proceso de observación y control responsable probarían fácilmente la tesis de un creciente autoabastecimiento local en numerosos renglones del sector agrario.
Sin embargo, muy pocos de esos quintales de viandas, granos y verduras llegan de forma directa y a precios decentes a las manos de los compradores floridanos; una red bien organizada de intermediarios tuerce destinos y hace, por ejemplo, que una mano de plátanos de segunda comprada en el campo a 10 o 15 pesos aparezca luego en un mostrador con el precio duplicado o triplicado, o que una estrella naciente como el Aguacate se esté bajando ahora mismo de la mata a 40 pesos para cotizarse en la tarima particulares a poco menos de 100.
En diferentes intercambios y encuentros informales con decisores políticos y gubernamentales, o con directivos de la Agricultura, hemos planteado más de una vez preocupaciones acerca de la comercialización de la mayoría de las producciones cosechadas en la comarca, un segmento importantísimo donde todavía se respira descontrol, inercia empresarial, intentos de monopolizar y desbocar los precios en la acera cuentapropista, un desbalance abismal entre la oferta estatal y la privada, y hasta falta de respeto y maltrato al consumidor en demasiados lugares, incluidas Placitas y tarimas particulares.
Es cierto que el Decreto 35 del Consejo de Ministros aprobó nuevas formas y vías de comercialización agropecuaria donde resaltan la equidad, la autonomía de la gestión y la prioridad, pero también sobresale allí, como recordatorio para los olvidadizos, el inciso C del Articulo 4 que ratifica la responsabilidad del Estado deregular el seguimiento y control de la producción, la contratación, el establecimiento de prioridades en los destinos, los balances de productos, la fiscalización de los precios, la comercialización en condiciones excepcionales, la siembra y el uso de la tierra.
Que nadie lo olvide, y que los encargados de hacer cumplir este concepto lo hagan sin disminuir ninguno de los derechos que concede el Decreto 35 a los productores y a los vendedores. (Pedro Pablo Sáez Herrera/Radio Florida)
