Quito, 19 jun.- La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de permitir la participación de militares extranjeros en operaciones de seguridad abrió el debate sobre soberanía, derechos humanos y la eficacia de la estrategia oficial contra el crimen organizado.
La controversia surgió tras la emisión del Decreto Ejecutivo 424, mediante el cual el mandatario ratificó la existencia de un conflicto armado interno y dispuso mecanismos de cooperación internacional para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país.
La defensora de derechos humanos Sybel Martínez calificó la decisión como “una barbaridad jurídica y un grave retroceso en materia de derechos humanos”.
“No solo insiste en sostener la narrativa de un conflicto armado interno cuya existencia sigue siendo profundamente cuestionada, sino que además aprovecha esa declaración para abrir la puerta a indultos, amnistías e inmunidades para militares, policías, civiles e incluso personal extranjero que participe en operaciones dentro del país”, afirmó.
Martínez sostuvo que la medida privilegia la protección de quienes ejercen el uso de la fuerza antes que la protección de las posibles víctimas de abusos estatales.
La abogada Mónica Luzárraga consideró que la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional (Parlamento) deben ejercer controles frente a lo que calificó como una escalada de decisiones que pueden afectar el orden democrático.
“¿Por qué el presidente anticipa indultos e inmunidad? ¿Van a masacrar ciudadanos? ¿Van a ejecutar sin discriminación? ¿Más desaparecidos?”, cuestionó.
La jurista recordó que en noviembre de 2025 los ecuatorianos dijeron No en un referéndum a una propuesta de Noboa que buscaba eliminar la prohibición constitucional al establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional.
“No se trata de rechazar la cooperación internacional. Se trata de preguntarse cuáles son los límites, los controles, las responsabilidades y las garantías para que esa cooperación no termine condicionando la voluntad de un pueblo”, señaló Luzárraga.
El parlamentario Héctor Rodríguez, de la Revolución Ciudadana (RC), sostuvo que el Gobierno utiliza una narrativa de guerra permanente para desplazar la atención de los problemas económicos y sociales.
Asimismo, subrayó que “ningún presidente tiene derecho a hipotecar la soberanía nacional para maquillar su incapacidad de gobernar”.
El también parlamentario de la RC Fernando Cedeño aseguró que lo establecido en el Decreto Ejecutivo 424 ya estaba definido antes de los recientes hechos violentos registrados en Guayaquil, donde hubo una balacera en el aeropuerto.
Según Cedeño, esto se inscribe dentro de la Doctrina Monroe, promovida por el trumpismo para controlar América Latina.
Para el analista Alexis Ponce el decreto también podría ampliar las facultades estatales para perseguir a opositores, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos bajo una definición amplia del conflicto armado interno.
En su opinión, la medida plantea interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en la estrategia de seguridad ecuatoriana y sobre los límites de la cooperación militar internacional.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la cooperación con aliados es necesaria para mejorar las capacidades operativas contra el crimen, aunque no se ha dicho si bajo qué mecanismos concretos se implementará el despliegue de personal extranjero.
Tampoco el Ejecutivo ha mencionado desde qué países podrían llegar tropas, más allá de Estados Unidos, que participa en operativos conjuntos, según han divulgado las autoridades.
Tomado de Prensa Latina
