Quito, 6 mar.- El comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar la “institucionalidad” de Ecuador y a su presidente, Guillermo Lasso, recibe hoy críticas que recuerdan el papel de esa entidad en la desestabilización latinoamericana.
El bloque liderado por Luis Almagro llamó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto de la carta magna y pide respetar la estabilidad de los períodos constitucionales.
El pronunciamiento de la OEA ocurrió justo después de la decisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador de aprobar un informe que recomienda enjuiciar políticamente a Lasso por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado.
Ciudadanos en redes sociales se encargaron de recordar que tanto el juicio político como la muerte cruzada, otro de los mecanismos mencionados para sacar al gobernante del cargo, están previstos en la Constitución del país.
Y ustedes…¿ya dejaron de ser instrumento de los intereses norteamericanos en nuestra región?, preguntó un usuario en Twitter.
El asambleísta Ricardo Ulcuango, de la bancada de Unión por la Esperanza, expresó que «la OEA del nefasto Almagro, la misma que mantiene al expresidente Lenín Moreno escondido en Paraguay, salió al auxilio de otro de sus amigos».
Esta vez la organización apoya a un presidente señalado por tener vínculos con el narcotráfico y por comprometer la seguridad del Estado. ¡Tal para cual!, expresó el legislador.
Tampoco faltaron los recordatorios al papel de la OEA en hechos recientes de la historia regional como el golpe de Estado en Bolivia luego de los comicios presidenciales de 2019.
Lasso quedó muy debilitado tras el revés electoral el 5 de febrero pasado, cuando la ciudadanía rechazó su propuesta de referendo constitucional y, ante esos resultados, existen vaticinios de que no llegará al final de su mandato, previsto para 2025.
El juicio político es solamente una de las opciones que maneja la oposición para acelerar su salida del poder, pues también la normativa vigente prevé acciones como la renuncia y la revocatoria de mandato, este último mecanismo también en proceso.
En medio de todo ese escenario, organizaciones populares de indígenas, trabajadores y estudiantes reclaman que Lasso -con menos del 13 por ciento de aceptación- abandone el cargo y, aunque descartaron por ahora un paro general, convocan a movilizaciones.
Tomado de Prensa Latina
