La Habana, 19 ene.- Perfeccionar los procesos de producción y comercialización de los alimentos, así como establecer políticas que quiten trabas a nuestros productores, dispongan estímulos y organicen la actividad agrícola en el país, forma parte de un mismo interés: dinamizar la producción agropecuaria y que ello se refleje en la mesa de los cubanos.
Si bien es cierto que la aprobación de un mayor número de normas jurídicas no significa que, por arte de magia, se resuelvan todas las dificultades, estas sí ayudan en el tránsito hacia el propósito definido, ya que muchas de las transformaciones aprobadas el año pasado «movieron la tierra» y abrieron nuevas posibilidades de cara a quien produce y está de sol a sol en el surco.
Y es que, si hay una mala contratación con la base productiva, impagos y precios no estimulantes para comprarles los resultados a los campesinos y cooperativas, estos problemas también tienen un reflejo en la variedad de hortalizas, viandas y demás surtidos que se comercializan a la población.
Las leyes -explicaron especialistas de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura (MINAG)- proporcionan un marco y reglas para ayudar a resolver los conflictos derivados de las relaciones jurídicas y, específicamente, en materia agraria, la reforma legislativa proporciona el necesario ordenamiento de los procesos, las personas y las tecnologías que intervienen en la producción, trasformación y comercialización de alimentos hasta su consumo.
En tal sentido, el MINAG trabajó durante 2022 en un grupo importante de políticas y marcos legales en implementación de la Constitución de la República, el cronograma legislativo y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria, la mayor parte de ellas, normas de rango superior, destaca una información publicada en el sitio web de este Ministerio.
Muestra de ello, por ejemplo, es la aprobación, por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, respectivamente, del Decreto-Ley y Decreto Reglamento, que instrumentan la política para la producción, desarrollo y uso de los biofertilizantes, los bioestimulantes y los bioplaguicidas de uso agrícola.
También, como parte de la instrumentación de las 63 medidas para dinamizar la agricultura, específicamente las 28 destinadas a la recuperación de la ganadería, se actualizó el Decreto 225/1997 De contravenciones personales de las regulaciones para el control y registro del ganado mayor y de las razas puras, mediante la aprobación del Decreto 70/2022.
Asimismo, los diputados cubanos -durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular- dieron luz verde a la Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, que actualiza una normativa de 1974, y servirá ahora de basamento jurídico para el despunte de un sector deprimido hace años en el país.
La Ley, según ha explicado el ministro del ramo, Idael Pérez Brito, aplicará para las personas naturales y jurídicas que desarrollen, de manera permanente o eventual, la crianza de animales de las diversas especies de la ganadería, con independencia del régimen de posesión del ganado o de la tierra.
No obstante, puntualizó, esta normativa se circunscribe al ganado mayor, dejando fuera los demás aspectos que integran esta actividad económica.
Esta disposición sirve de base, además, para el desarrollo de una ganadería sostenible, resiliente y baja en emisiones de gases de efecto invernadero, en tanto favorece la incorporación de nuevos conocimientos, productos y tecnologías generadas a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación.
En función de ello, la Ley sustenta el desarrollo de los resultados de las investigaciones validadas para la actividad ganadera, el empleo de fuentes renovables de energía en la actividad ganadera; el perfeccionamiento del sistema de control de la masa, la promoción de la mejora genética, y el ordenamiento territorial de la ganadería y su diversificación, entre otros renglones.
Otro aspecto trascendente fue la inclusión de vías para la recuperación y el desarrollo de la cultura y el patrimonio ganadero, la protección de los recursos naturales y la biodiversidad, adaptación y mitigación al cambio climático y el empleo de principios de economía circular.
(RCA)
