Brasilia, 28 dic.- El procurador general de Brasil, Augusto Aras, envió la víspera a la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad contra parte del indulto del presidente Jair Bolsonaro a policías militares en el caso conocido como Masacre de Carandiru.
El 2 de octubre de 1992, 111 presos, 84 de los cuales ni siquiera sin ser juzgados y condenados por sus crímenes, fueron ultimados durante la invasión de la Policía Militar (PM) para contener una rebelión en la Casa de Detención, un complejo penitenciario construido en la década de 1920, en el barrio de Carandiru, zona norte de Sao Paulo.
La lucha entre los detenidos pronto se generalizó y se convirtió en un motín. Fue entonces que los agentes militares fueron llamados para contener el conflicto.
Tras el fracaso en un intento de negociación con los recluidos, el comando policial decidió entrar en el lugar con metralletas, fusiles y pistolas.
Media hora después de la entrada de la PM, “las ametralladoras silenciaron”, relató el médico Drauzio Varela, en su libro Estación Carandiru. Ningún policía murió en la acción.
Según el decreto presidencial del indulto, serán condonados agentes de fuerzas de seguridad, acusados por crímenes cometidos hace más de 30 años, aunque ellos no resultaron condenados en definitiva en la última instancia de la Justicia.
Por el texto, serían perdonados de la pena agentes públicos que hayan sido condenados por un hecho practicado hace 30 años.
Con un detalle: actos que actualmente son considerados hediondos (asesinatos), pero que en la época no lo eran. Los policías de Carandiru se ajustan a esa descripción.
Aras pidió que el Supremo Tribunal Federal suspenda inmediatamente esa parte del decreto, para evitar la anulación de las decenas de condenas del caso.
El indulto navideño en el caso de la Masacre del Carandiru “representa reiteración del Estado brasileño en el incumplimiento de la obligación asumida internacionalmente de procesar y sancionar, de forma seria y eficaz, los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Casa de Detención el 2 de octubre de 1992”, señaló la Procuraduría General (PGR).
Tal conmutación representa la clemencia de pena y suele ser otorgada todos los años en el período próximo a la Navidad. Si se beneficia con la absolución, el preso tiene el castigo extinto.
Para la PGR, el decreto de Bolsonaro violó la Constitución, porque no permite indultos para crímenes atroces.
La responsabilidad por la acción policial no comenzó a ser juzgada hasta 10 años después de los hechos. En 2001, el coronel Ubiratan Guimarães, que dirigió la operación en Carandiru, fue condenado a 632 años de prisión.
Su defensa recurrió la sentencia y fue revocada, siendo anulada por el Tribunal de Justicia en 2006.
(RCA)
