Caracas, 15 dic.- Venezuela destinará el 77,1 por ciento de su presupuesto en el 2023 a la inversión social, informó hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez, al presentar el plan ante la Asamblea Nacional (Parlamento).
La también ministra de Economía y Finanzas explicó que la nueva ley está enmarcada en una nueva etapa de transición al socialismo y aseguró que los objetivos del 2022 fueron cumplidos.
Rodríguez afirmó que el 2023 debe ser el año de la consolidación de métodos de Gobierno cada vez más participativos y en el cual el presupuesto debe servir como dinamizador de la economía.
Tal propósito, dijo, se conseguirá a través de políticas de compras públicas para promover la producción nacional y garantizar mercados a la producción de los Consejos Comunales, a los emprendedores y otros actores.
Refirió que muchas de las compras públicas realizadas en el año que termina en materia de alimentos se realizaron de manera directa al movimiento campesino, con lo cual tratan de democratizar el ejercicio presupuestario.
La vicemandataria señaló que en su confección participaron más de 10 mil organizaciones guiadas por la cartografía social, por método del 1×10 del Buen Gobierno, el mapa de soluciones y por la agenda concretas de acción en el Parlamento.
Señaló que el riesgo climático fue incorporado también a este ejercicio y pidió el apoyo del cuerpo legislativo para aprobar estos proyectos de leyes, cuyas discusiones finalizarán mañana.
La ministra de Economía y Planificación reveló que el presupuesto propuesto supera los más de 11 mil 565 millones de dólares, al cambio actual, de los que el 88 por ciento se derivan de los ingresos corrientes y un 12 por ciento a través de crédito público.
Remarcó que la mayoría de los fondos estarán destinados a la recuperación de capacidades en la atención a la población, fortalecer la producción, procura y distribución de alimentos, el fortalecimiento de la Gran Misión Vivienda, el sistema de educación pública, el sistema de salud y la seguridad social.
Rodríguez aclaró que se trata de un presupuesto enmarcado en una economía bloqueada, pero direccionado con la inversión social, a enfrentar las desigualdades y heridas sociales provocadas por el bloqueo y las 927 medidas coercitivas unilaterales aplicadas al país en los últimos años y aún vigentes.
(RCA)
