Washington, 25 oct.- A dos semanas de los comicios de medio término en Estados Unidos, las amenazas a los trabajadores electorales y a los votantes emergen hoy como uno de los factores que obstaculizan el normal desenlace del proceso.
En el condado de Maricopa, estado de Arizona, varios personas informaron a las autoridades ser blanco de intimidación, pues fueron observados y grabados por individuos armados mientras intentaban entregar sus boletas como parte del sufragio anticipado.
Justamente en ese territorio, la Oficina del Secretario de Estado remitió a las fuerzas del orden público seis informes de posibles amenazas a votantes cerca de las urnas, junto con uno de acoso a autoridades electorales.
Hasta la fecha, suman más de siete millones las personas que votaron en 39 estados hasta el lunes pasado, según datos de las corporaciones Edison Research y Catalist.
Por su parte, el fiscal general Merrick Garland aseguró la víspera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) haría todo lo posible para que las elecciones transcurran en un ambiente de normalidad.
“El Departamento de Justicia tiene la obligación de garantizar un voto libre y justo de todos los que estén calificados para votar y no permitirá que se amedrente a los electores”, dijo Garland durante una conferencia de prensa.
Ante el incremento de las intimidaciones a los funcionarios que intervienen en el proceso, esa entidad creó el año pasado un grupo de trabajo para abordar la problemática, al tiempo que se orientó reforzar las medidas de seguridad en los sitios de votación.
El escepticismo por parte de algunos sectores radicales respecto a la transparencia de los comicios nació de las alegaciones, hasta hoy sin pruebas, de un supuesto fraude durante la contienda electoral de 2020, advierten analistas.
Acorde con el DOJ, entre julio de 2021 y agosto de 2022 se revisaron más de mil casos de amenazas contra trabajadores electorales, de los cuales apenas uno mereció condena.
Se descubrió asimismo que el 58 por ciento de todas las intimidaciones potencialmente criminales procedían de estados donde los resultados de los comicios de 2020 fueron injustificadamente cuestionados por la ciudadanía tales como Arizona, Colorado, Georgia, Míchigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
Tomado de Prensa Latina
