La Constitución de Jimaguayú, la tercera de las cuatro Cartas Magnas refrendadas por los cubanos en campos de batalla durante el siglo XIX, marcó un verdadero hito en la historia del país y un ejemplo de la persistente voluntad civilista y legalista del movimiento revolucionario independentista.
Fue gestada en Asamblea Constituyente que comenzó el 13 de septiembre de 1895, en la zona camagüeyana de Jimaguayú, donde cayó el Mayor Ignacio Agramonte durante la Guerra de los Diez Años y firmada el 16 de ese mismo mes.
El documento de Jimaguayú significó un paso adelante en la búsqueda difícil de la unidad de los cubanos mediante la elaboración de un texto, que pretendió ser justo con los intereses de todos los contendientes y patriotas involucrados en la causa mayor y sagrada de la libertad. De ahí su trascendencia e importancia.
No fue fácil llegar al contenido final. A duras penas se despejaron los nubarrones dictados por las pasiones y los diferentes enfoques sobre la prevalencia de los mandos civiles defendidos por los representantes de occidente o militares – bandera de casi todo el oriente, la zona de mayor beligerancia- que se arrastraban desde la primera Ley de leyes aprobada en Guáimaro en 1869, en la cual se maniató al mando militar.
La de Baraguá, menos conocida y extensa, pero cierta, dio un giro a esa situación y su contenido influyó en el texto del 95.
Se imponía una diferencia en la Constitución de Jimaguayú con la de Guáimaro, la más renombrada antecesora, y lo fue.
Aunque también revelaba rasgos que le conferían la condición de ser parte de un proceso histórico signado por la continuidad.
Establecía un Consejo de Gobierno formado por seis miembros representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, que no debía interferir al aparato militar, encabezado por un General en Jefe. Ese cargo ya lo ocupaba por decisión tomada por el movimiento revolucionario antes de empezar la histórica campaña el Generalísimo Máximo Gómez.
En la Guerra Necesaria, organizada y convocada por el Apóstol, José Martí, muerto en los albores de la contienda, fue investido con el cargo de mayor general el 15 de abril de 1895 y este solo era feliz plenamente como Delegado del Partido Revolucionario Cubano, aunque muchos soñaban y lo visualizaban como el Presidente de la Cuba Libre.
Martí se afanaba junto a Gómez y otros próceres en los preparativos de la Asamblea Constituyente de Jimaguayú con un gran entusiasmo. Su muerte en Dos Ríos el 19 de mayo de ese mismo año, frustró sus anhelos.
Hoy se sabe que soñaba con una República, en la cual la ley primera fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Y con construir una sociedad “Con todos y para el bien de todos”.
Sus compañeros de lucha decidieron seguir adelante con los planes y proyectos del Maestro y con la tradición constitucionalista. Y en los papeles finales redactados y rubricados no pocos expertos e historiadores ven el espíritu conciliador y el pensamiento de avanzada de ese hombre, que veía con larga luz y claridad.
El 16 de septiembre del 1895 el camagüeyano Salvador Cisneros Betancourt y el manzanillero Bartolomé Masó ocuparon, por ese orden, los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República en Armas.
Carlos Roloff, Severo Pina Estrada, Santiago García Cañizares y Rafael Portuondo Tamayo resultaron designados al frente de las secretarías.
Se convocaba a otra Asamblea Constituyente para dentro de dos años, si no se ganaba la guerra. Estaba esta entre las iniciativas ideadas para superar las contradicciones en el mando civil-militar, y adoptaba una disciplina rigurosa y flexible cuando se entendiera y objetiva con las condiciones del conflicto.
Un Consejo de Gobierno con prerrogativas administrativas y legislativas, borraba el lamentable recuerdo de la Cámara de Representantes y daba plena autonomía al mando militar.
En sus 24 artículos, además de instituir los cargos y formas de gobierno mencionados, se designó a Antonio Maceo, como su Lugarteniente General. Con dos figuras del calibre e incuestionable prestigio de Gómez y Maceo al frente, la jerarquización de ese mando militar era comprensible y casi que incuestionable.
Pasado dos años, el 29 de octubre de 1897 se realizó la Constituyente de La Yaya, nombre dado al igual que a sus antecesoras por el lugar donde se realizaron las reuniones dedicadas a su creación y firma. Por entonces, existían otras condiciones dentro de los campos de batalla y los dirigentes de la revolución en Cuba.
Volviendo a Jimaguayú, y a todas las Constituciones mambisas en particular, es cierto que su articulado no pudo cumplirse con eficacia durante el tiempo en que rigieron, salvo cuando sirvieron para tomar decisiones que tuvieron que ver con la vida o trayectoria de algunos grandes jefes de la Revolución.
Pero todas representan el apego de los cubanos en hacer respetar el orden, la ley, las libertades, la igualdad y la justicia de los seres humanos. Incluso la de Guáimaro, cuyo espíritu noble fue traicionado y usado para la criminal deposición del primer Presidente, Carlos Manuel de Céspedes.
Con la de Jimaguayú, a punto de cumplir 131 años, a pesar de las limitaciones e imperfecciones achacables, avanzó más que las anteriores e hizo un intento sin precedentes por trabajar en aras de la unidad de los cubanos, tal y como convocaba José Martí.
Su sueño de una república en una nación libre, superior en lo moral y lo jurídico guio a aquellos cubanos.
Tomado de ACN
