Kinshasa, 12 nov .- La promulgación por el presidente Félix Tshisekedi de la Ley 26/045, que establece las condiciones para la organización de referendos en República Democrática del Congo (RDC), aviva hoy la polémica en el escenario político nacional.
El texto, que tras meses de debates fue aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado, entró en vigor este 9 de noviembre, desde el mismo momento de su promulgación, tras haber pasado no sólo el escrutinio de los diputados, sino también del Tribunal Constitucional.
Desde su presentación como proyecto legislativo generó divisiones en la sociedad congoleña, dando incluso lugar a la creación de la Coalición Artículo 64 para la Defensa del Orden Constitucional (C64), a la cual se integraron varios partidos de oposición que se niegan a cualquier modificación de la Carta Magna.
En esencia, una nueva ley de referendo no implica directamente la promulgación de una nueva constitución en la RDC, pero puede dar lugar a cambios en algunos aspectos considerados vitales en la Ley Fundamental vigente desde 2005, que tuvo ya una revisión en 2011.
La mayor polémica está centrada en el artículo 220, que expresamente prohíbe toda revisión que afecte, en particular, al número y a la duración de los mandatos presidenciales.
Para C64 la nueva ley de referendo busca justamente modificar este apartado, para abrir la posibilidad a un tercer mandato del presidente, Félix Tshisekedi.
Los defensores de la nueva legislación sobre la consulta popular, destacan sin embargo que la intención es dar pleno efecto al artículo 5 de la Constitución actual, que reafirma que la soberanía nacional reside en el pueblo, el cual la ejerce directamente —mediante referéndum o elecciones— o indirectamente, a través de sus representantes.
El referido artículo permite al Estado, “en caso de necesidad absoluta” y con la aprobación del pueblo o de sus representantes legítimos, “dotarse de una nueva Constitución” o “modificar, mediante referéndum, cualquier disposición constitucional existente”.
Sin embargo, dado que la ley del referendo del 2005 que estuvo vigente hasta el pasado 9 de noviembre fue aprobada en un periodo de transición, algunos consideran que se pensó con un marco limitado, sólo para aprobar la Carta Magna, y que es preciso “ampliar el objeto del referéndum” y dotar al artículo 5 de “su verdadero alcance y plena eficacia”.
UNA LÍNEA ROJA
La posible modificación del artículo 220, que permitiría modificar el número y la duración de los mandatos presidenciales es para muchos en la sociedad congoleña la línea roja que no se debería cruzar.
Además de la C64, que condicionó su participación en el diálogo nacional a este tema, los rebeldes del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), encabezados por el expresidente Josehp Kabila, también se pronunciaron en su contra.
El pasado 3 de noviembre, durante un encuentro con el jefe de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la RDC (Monusco), James Swan, señalaron que cualquier modificación de la Carta Magna actual supondría, lisa y llanamente, el colapso del proceso de paz de Doha, pues consideraron que estas son incompatibles con los acuerdos negociados bajo el auspicio de Qatar.
El FRN llegó a demandar a la ONU que presione al Gobierno de RDC para poner fin a las iniciativas de referendo, de modo que habrá que esperar las reacciones de quienes hoy controlan buena parte de los territorios de las provincias Kivu Norte y Kivu Sur, en el este congoleño.
El presidente Tshisekedi, por su parte, ha dicho que los cambios constitucionales son inevitables, pues de ellos dependen incluso la plena implementación del Acuerdo de cooperación estratégica firmado con Estados Unidos.
El mandatario, que ha dicho estar dispuesto a un tercer mandato si el pueblo lo quiere, dijo el pasado 3 de mayo que “los estadounidenses han exigido ciertas reformas al sistema judicial” y estas “no pueden implementarse sin reformar la Constitución”.
La promulgación de la nueva ley de referendo sin duda echa leña al fuego en una RDC sacudida por la guerra y necesitada de un diálogo nacional que, con este golpe, difícilmente logre salir a flote.
El contexto, no obstante, parece decir que el referendo es inevitable, tanto por las elecciones presidenciales previstas para 2028, como por las implicaciones incluso para las relaciones con Washington.
Tomado de Prensa Latina
