La Paz, 20 nov.- Demandas multiplicadas de justicia para las 37 víctimas de ejecución sumaria en las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante la convulsión política de 2019, retoman hoy la actualidad de Bolivia.
Tras cumplirse seis años de los hechos de violencia ocurridos en el país, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo presentó este 12 de noviembre un informe del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que por solicitud del Gobierno investigó estos hechos.
Esa pesquisa confirmó que producto de los episodios de violencia que desembocaron en el derrocamiento cívico-militar del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, existe un total de 666 víctimas directas, 37 fallecidos y más de 100 heridos.
Respecto a los 37 asesinados, el GIEI advirtió que existieron ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, tras cinco años de mandato, solo a pocas horas del cambio de Gobierno, después de la derrota provocada por las divisiones del Movimiento al Socialismo, el presidente Luis Arce promulgó este 6 de noviembre la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en los conflictos sociales de 2019 y 2020.
“Promulgamos la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos cometido en rupturas del orden constitucional, reafirmando nuestro compromiso con la justicia y la dignidad de quienes han sufrido estas injusticias”, escribió el exjefe de Estado en sus redes sociales.
La norma establece que su aplicación se extiende a toda persona que haya sido víctima directa o indirecta de violaciones a los derechos humanos durante los acontecimientos ocurridos entre el 1 de septiembre de 2019 y el 7 de noviembre de 2020, periodo que comprende el derrocamiento del expresidente Morales (10 de noviembre de 2019) y el mandato de Jeanine Áñez (12 noviembre de 2019-7 de noviembre de 2020).
Unas 48 horas después de recibir la banda presidencial de manos de un militar, Áñez y sus ministros firmaron el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
La promulgación de la ley por Arce coincidió con la salida de la cárcel de Áñez, quien tras el triunfo de la derecha en las recientes elecciones generales fue beneficiada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSE), que determinó que como mandataria requiere un juicio de responsabilidades, lo cual le fue negado con anterioridad.
Ante esta decisión, la Asamblea de Derechos Humanos (ADH) de El Alto expresó su protesta y reclamó justicia por las muertes ocurridas, tras el derrocamiento del exmandatario Morales en 2019.
“Tiene que ser juzgada (…), porque hay muertos, hay heridos, hemos sido testigos. Hay muchos aquí, en El Alto, como también en el departamento de Cochabamba y, por lo tanto, no puede quedar impune”, afirmó la presidenta de la ADH alteña, Virginia Ugarte.
Por su parte, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Bolivia, José Luis Caballero, valoró este 19 de noviembre la apertura del Estado sobre este asunto durante una audiencia sobre el tema en la Florida, Estados Unidos, pero advirtió que los compromisos deben traducirse en acciones concretas y verificables.
Enfatizó Caballero en que, pese a la buena voluntad expresada, será clave que el Órgano Judicial y el resto de instituciones traduzcan esta apertura en avances tangibles en los procesos judiciales y en la reparación integral de las víctimas.
Durante esa vista, en tanto, familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, quienes participaron de forma presencial en la audiencia, manifestaron su rechazo a los cambios en los procesos judiciales.
Su asesor legal David Inca sostuvo que la anulación de los juicios representa un “mecanismo de impunidad”.
“No nos interesa cómo haya asumido el cargo (Áñez). Lo hecho es que en su gobierno hubo ejecuciones sumarias, masacres, torturas…, sobre eso tiene que responsabilizarse”, insistió.
Al intervenir en la vista, la familiar de una víctima indicó que el “juicio de privilegios nos deja sin acceso a la justicia” y pidió la intervención de instancias internacionales para garantizar que prevalezca una solución justiciera.
En Bolivia, por su parte, el extitular del Senado y aspirante a la presidencia por Alianza Popular en los comicios realizados el 19 de octubre último, Andrónico Rodríguez, reapareció en la palestra pública este 19 de octubre con un mensaje incluido en su cuenta de X.
“Hoy recordamos la Masacre de Senkata, uno de los hechos más dolorosos de 2019, que dejó profundas heridas en tantas familias bolivianas. Pedimos justicia para las víctimas y sus familias, para que hechos como estos no vuelvan a repetirse en nuestro país. Memoria, verdad y justicia”, demandó el político representante del movimiento nacional popular.
Tomado de Prensa Latina
