Ciudad de Guatemala, 22 sep.- Analistas políticos locales coincidieron en afirmar que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informará hoy su decisión sobre el cuestionado Decreto 7-2025, sancionado el pasado día 2 por el Congreso.
El Legislativo remitió la Ley al Gobierno el viernes 12, por lo cual, a partir de lo que establece el artículo 177 de la Constitución, mañana vencen los 10 días que este tiene para vetarla o sancionarla, subrayó el diario Prensa Libre.
Al menos 305 alcaldes firmaron una misiva y la entregaron al Gobierno para que el mandatario firme la propuesta de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
Antes, sin embargo, diferentes sectores (empresariales, académicos) manifestaron varias preocupaciones, entre ellas que el decreto debilita los controles sobre el gasto ejecutado por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
Tras encuentro en el Parlamento la semana pasada, el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aseveró que el 7-2025 tiene elementos que podrían ser inconstitucionales.
Negó que sea una norma que pueda sancionarse, solo que va a tocar hacer recomendaciones.
El jefe de Estado debe pronunciarse este lunes en la habitual conferencia de prensa, pues mañana viajará a Estados Unidos para cumplir con la agenda centrada en el 80 período de la Asamblea General de Naciones Unidas, acorde con explicaciones.
Luego, si Arévalo veta el decreto y lo devuelve al Congreso, este debe someterlo al pleno en la siguiente sesión, mientras cuenta con hasta 30 días para reconsiderar o rechazar la postura del presidente.
Es probable que los 107 diputados que se mostraron a favor de la iniciativa la aprueben de nuevo, aunque esta vez la definición estará un “poco cuesta arriba”, consideró el politólogo Renzo Rosal, citado por el periódico La Hora.
Puntos de especialistas indicaron que el Ejecutivo tiene una herramienta para dar respuesta urgente a proyectos locales; sin embargo, esta le podría generar un fuerte desgaste institucional y reputacional.
Con la Ley, los alcaldes pretenden permitir que los Codedes usen los fondos no ejecutados en 2024 para continuar proyectos que quedaron pendientes por razones administrativas o técnicas.
El analista independiente Luis Linares advirtió que estos están interesados en el manejo de los recursos, ya que se convirtieron en la principal fuente de corrupción, y el dinero se incrementó enormemente este año, por ello, remarcó, la Ley es un “enorme botín”.
Recalcó que el presidente está moralmente obligado a vetar el Decreto, a pesar de que es muy probable que el Congreso mantenga la alianza y ratifique la aprobación.
La decisión, a juicio de entendidos, marcaría un nuevo pulso, ahora entre el Gobierno y los intereses existentes de ciertos diputados y alcaldes.
Tomado de Prensa Latina
