Madrid, 21 nov.- La semana termina en España con temperaturas muy bajas para el otoño, nada que ver con el hervidero político en una España crispada hoy por la condena al Fiscal General del Estado.
Un hecho histórico, sin precedentes, que acentuó aún más, si ello fuera posible, la ácida controversia en las antípodas de la izquierda en el Gobierno, los conservadores del Partido Popular (PP) y la crecida ultraderecha de Vox.
Alvaro García Ortiz, hasta ayer Fiscal General del Estado, fue sentenciado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa de siete mil 200 euros, por un delito de revelación de datos reservados relacionado con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de Alberto González Amador.
A González Amador se le sigue un proceso aparte por defraudar al fisco. Es pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid y figura del PP, quien aplaudió la decisión del Supremo y exigió, como su partido, la dimisión del jefe del Gobierno nacional, el socialista Pedro Sánchez.
Aunque las opiniones están muy divididas y quienes creen en la inocencia de García Ortiz son mayoritariamente de la izquierda, y sus detractores de la derecha, también muchos expertos cuestionaron el dictamen jurídico.
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, opinó que la condena del Tribunal Supremo (TS) al Fiscal General es una mala noticia, que tiene un difícil encaje constitucional.
«Con lo que hemos visto en el desarrollo de la parte pública del proceso, del juicio y teniendo en cuenta los testimonios y los testigos, yo creo que hay alguna dificultad para entender el artículo 25 de la Constitución con esta sentencia», comentó desde Ciudad Real.
Asimismo, manifestó su preocupación por el hecho de que la decisión del TS no haya sido adoptada por unanimidad, sino por cinco de los siete magistrados que formaban el tribunal.
«Esto es un problema, porque estamos hablando de la inhabilitación de un cargo público importantísimo que es el fiscal general del Estado», acotó.
Además, Calvo subrayó que el proceso judicial «no ha hecho más que empezar», porque habrá seguramente posibles recursos y pronunciamientos que puedan tener otros tribunales en España y fuera de España, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) remarcó en un comunicado que no lo comparte el dictamen, y reiteró que García Ortíz destaca por «su compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas».
Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), manifestó su perplejidad por la sentencia y lamentó la «judicialización de la política», porque «perjudica a todos».
En tanto, Sumar, aliado principal del PSOE en el Gobierno de coalición, valoró que se trata de un «golpe judicial y la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno».
Opinó que la sentencia es igualmente «un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país», en un juicio basado “en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración».
Tomado de Prensa Latina
