París, 18 oct.- Las autoridades, los inversores y el empresariado viven un momento tenso en Francia tras los embates de la crisis política y el deterioro de las finanzas públicas, que condujeron a un nuevo retroceso de la calificación crediticia.
El derrocado primer ministro François Bayrou, a quien la Asamblea Nacional le negó la confianza el mes pasado, advirtió acerca de un panorama sombrío y la amenaza del sobreendeudamiento, preocupaciones que mantiene su sucesor por partida doble, Sébastien Lecornu, aunque con mucha menos elocuencia.
Enfoques aparte, lo cierto es que el déficit público rozó el año pasado el seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y la deuda, situada por encima del 114 por ciento, justifican el nerviosismo y los temores, con un comportamiento entre los peores en la Unión Europea y también motivo de inquietud en Bruselas.
Por si fuese poco, el país lidia con una crisis y una polarización políticas responsables de la caída de tres primeros ministros en 10 meses: el conservador Michel Barnier, censurado en diciembre, el centrista Bayrou en septiembre, y Lecornu dimitió hace 12 días, sin embargo, el presidente Emmanuel Macron redesignó a su aliado 100 horas después.
La víspera, la corporación estadounidense S&P Global Inc rebajó la nota de Francia de AA- a A+ en su calificación de riesgo crediticio, con perspectiva estable y alegando precisamente la situación local.
En particular, la agencia neoyorquina mencionó la elevada incertidumbre con las finanzas públicas y el impacto en la economía que podría tener el complejo panorama político.
Según sus valoraciones, en ausencia de medidas suplementarias para reducir el déficit, el ritmo de consolidación sería más lento que el previsto, mientras que la deuda tendería a un 121 por ciento para el 2028.
Ya en septiembre Fitch había degradado la nota de la deuda soberana francesa de AA- a A+, con la calificadora estadounidense Moody’s Ratings que debe pronunciarse el viernes.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar, y su ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, aseguró en un comunicado que tomaba nota de la decisión de S&P Global Inc.
Confirmamos nuestra determinación a conseguir el objetivo de bajar el déficit público a un 5,4 por ciento del PIB para este año, con la meta de llevarlo a un 4,7 para el 2026, abundó.
Lescure reiteró que la visión del gobierno es reducir el déficit a un tres por ciento para el 2029, un desafío colosal en el contexto imperante de crisis.
Bayrou había promovido un presupuesto del Estado 2026 con 44 mil millones de euros en ahorros y recortes y la supresión de dos días feriados, propuesta tildada por la oposición de austeridad y razón fundamental de su caída.
Lecornu ofreció en cambio sanear las finanzas públicas, con recortes en gastos del Estado, reformas, descentralización y esfuerzos compartidos, pero sin golpear el bolsillo de los franceses, postura ante la cual la oposición presiona y exige clarificaciones.
Ya el primer ministro tuvo que hacer una concesión en el plan oficialista, la suspensión de la reforma de la jubilación hasta enero del 2028, exigida por el Partido Socialista para permitirle escapar de la censura, lo que sucedió este semana, cuando una moción para derribarlo quedó el jueves a solo 18 votos de ser adoptada en la Asamblea Nacional.
Mientras la izquierda, los sindicatos y los trabajadores celebran, las patronales y la derecha rechazan la congelación de la norma que llevó la edad de retiro en 2023 de 62 a 64 años.
Otro asunto espinoso es el reclamo de gravar a las grandes fortunas mediante la llamada tasa Zucman, que busca un impuesto del dos por ciento para los patrimonios superiores a los 100 millones de euros, exigencia que Lecornu no aceptó, sin que ello implique que sus demandantes renuncien a ella.
Tomado de Prensa Latina
