Montevideo, 30 sep.-. El atentado contra la fiscal Mónica Ferrero marca un hito en la incidencia del narcotráfico en Uruguay, y hoy las investigaciones apuntan a los grupos vinculados a ese negocio, con ramificación internacional.
El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, cuando los delincuentes dispararon contra la vivienda de Ferrero e hicieron estallar una granada en el patio del inmueble.
La agresión tiene antecedentes. En las primeras horas del sábado 9 de mayo de 2020 la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas fue atacada con una bomba molotov.
Aquella agresión fue adjudicada entonces a una banda que trabaja para el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, con tarjeta roja de Interpol y prófugo de la justicia de varios países.
Ese grupo criminal resulta la banda de Los Albín, cuyo líder, Luis Fernando Fernández Albín, de 37 años, fue enviado a prisión en 2009 por exportación y organización de tráfico de drogas.
Años más tarde volvió a caer por iguales imputaciones. Luego fue condenado por planear un ataque a la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a cargo del sistema penitenciario, en diciembre de 2024.
Otro capo de la banda, Diego Fernández Albín, ha estado tras las rejas por tráfico de drogas, armas y municiones.
Su traslado desde el Penal de Libertad a una unidad de máxima seguridad generó el ataque al INR y un mensaje al entonces director: “Los presos se respetan, señor Mendoza”.
Su hermano mayores Víctor Albín, de 42 años, es uno de los más violentos del clan.
Está preso en el Penal de Libertad, cumpliendo una condena de 22 años de cárcel por un homicidio.
Además, se comprobó que fue el autor intelectual, desde la cárcel, del ataque a balazos en el barrio capitalino de Buceo a integrantes de la banda Los Colorados, de Cerro Norte.
La guerra entre Los Albín y Los Colorados tiene más de 20 hechos de violencia registrados por la policía, incluidos homicidios, personas heridas y balaceras.
Ahora, la investigación apunta a que Los Albín están implicados en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Las autoridades también manejan que Luis Fernando Fernández Albín viajó en los últimos meses a Bolivia, para buscar arreglar el golpe que sufrió la organización con la incautación en agosto de 2.2 toneladas cocaína.
Estaba enterrada en una chacra de Punta Espinillo, en las afueras de esta capital, y su decomiso fue considerado aquí un hito en el combate al crimen organizado.
La carga iba a ser enviada a Europa por vía fluvial, primero, y marítima después.
El embarque estaba evaluado por el Ministerio del Interior en unos 15 millones de dólares y más de 50 millones de dólares si fuera comercializado en el viejo continente.
Según hipótesis, el ataque a la residencia de Ferrero fue un mensaje de fuerza del narcotráfico y advertencia por el golpe sufrido en agosto.
El atentado motivó desde el domingo varias incautaciones de celulares en allanamientos realizados en viviendas y en las cárceles, que están bajo pericia policial junto a huellas dactilares y rastros de ADN.
Los detalles están bajo estricta reserva, pero los antecedentes y patrones del atentado apuntan al clan Albín, bajo la sentencia del presidente Yamandú Orsi de que “hay límites que no debemos dejar pasar”.
Tomado de Prensa Latina
