Bogotá.- La descertificación de Estados Unidos a Colombia, el retiro de un aval a la nación neogranadina por presuntamente incumplir con los estándares de Washington en la lucha contra el narcotráfico, tensa la ya delicada relación entre las partes.
El pasado 15 de septiembre el presidente Gustavo Petro anunció la medida, que implica el ingreso a un listado de países que “no cooperan” en el combate a los narcóticos. Más tarde calificó el suceso como una injusticia y una grosería profunda contra el territorio que más sangre ha derramado para que a Estados Unidos y a Europa no llegue la droga.
El mandatario aseguró que en su administración no habrá entreguismo, como ocurrió en otros mandatos, y que no se cederá “ni un centímetro cuadrado de soberanía”.
Consideró que los argumentos para decretar la descertificación son “mentiras”. No miraron las cifras que se le entregaron, afirmó, sino que prefirieron creer en una ideología de una alianza de extrema derecha y de una clase rica de Miami.
A continuación, aseveró que no se resuelve el problema de las drogas afectando a los campesinos sino arrebatándole los estupefacientes a los capos, y divulgó gráficas para ejemplificar cómo bajo su gobierno aumentaron las incautaciones y comenzó a reducirse el crecimiento de los campos de coca.
En 2024, detalló, se incautaron 889,2 toneladas de cocaína, en tanto reveló que de un 43 por ciento en el incremento de las plantaciones de coca en 2021, se pasó a 13 por ciento en 2022, a 10 por ciento en 2023 y a un tres por ciento registrado el pasado año.
Defendió la estrategia de su gobierno de estimular la erradicación voluntaria del arbusto, mientras repudió los efectos de la fumigación con glifosato que, según manifestó, envenena a los ríos, daña a los campesinos y pone en riesgo a los miembros de las fuerzas del orden.
“Toda la política de antidrogas de hace 50 años fracasó, su guerra fue derrotada por la mafia y el narcotráfico”, afirmó en alusión directa al presidente estadounidense.
Remarcó que el método usado actualmente en Colombia para combatir el narcotráfico es más eficaz e invitó a Trump a quitarse “las amistades de la mafia de la Florida y a escuchar a los gobernantes de América Latina, en vez de a esos mafiosos”.
También le espetó que no es invadiendo países, ni usando misiles, como se acabará el comercio de estupefacientes. “Está matando a jóvenes inocentes, eso se llama asesinato”, sentenció en referencia a los bombardeos que Estados Unidos ejecuta contra supuestos traficantes en el mar Caribe.
“Cambie, a mí no me amenace, aquí lo espero si quiere”, ultimó.
¿INEFICACIA O DESOBEDIENCIA?
Tras el anuncio de la descertificación, varios políticos colombianos aseguraron que la medida era en realidad un castigo contra Petro.
El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) la catalogó de ilegal, política y regresiva.
“Es ilegal porque ningún país está autorizado para imponer sanciones unilaterales a otro país o a sus nacionales. Solamente la Organización de las Naciones Unidas puede hacerlo en circunstancias ya establecidas y en casos justificados de necesidad”, expresó.
Catalogó la medida de política porque el otorgamiento o retiro del aval suele convertirse en una herramienta usada para castigar a países desobedientes.
“Las peores dictaduras de derecha han sido beneficiadas con la no aplicación de la descertificación mientras que a nuestro país, que ha pagado altos costos humanos en vidas e institucional, se la descertifica cada vez que el gobierno de Colombia aparece como ‘enemigo’ del gobierno de Estados Unidos”, estimó el exmandatario.
Asimismo, el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda consideró que la medida solo confirma el fracaso de la guerra global contra la droga, impuesta por Washington.
“Se trata de una decisión política que refleja, una vez más, la doble moral de las potencias frente a un problema global. Mientras el consumo de drogas sigue creciendo, las ganancias del narcotráfico irrigan sus sistemas financieros, y las redes transnacionales del crimen se fortalecen”, afirmó en sus redes sociales.
Remarcó que su nación continúa pagando el precio más alto: miles de vidas perdidas, billones en recursos públicos dilapidados y una profunda degradación institucional.
“Es hora de que Estados Unidos asuma su responsabilidad en esta guerra fallida, que por décadas ha descargado sus consecuencias más destructivas sobre los países que, como Colombia, han sido víctimas y no autores ni usufructuarios del problema”, expresó.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, valoró que la decisión de la determinación de Estados Unidos es meramente política. “No les gusta el manejo del presidente Petro”, afirmó.
Argumentó que la medida ignora la realidad y los denuedos para combatir el flagelo. “Es una decisión injusta y que no corresponde. Al señalar al presidente Petro se alejaron de lo que la ley estadounidense establece en lucha contra el narcotráfico”, valoró.
Si bien aseguró que hasta la fecha no se contempla la imposición de sanciones económicas, insistió que es incorrecta e injusta la lectura que Washington hace del contexto colombiano.
“El secretario (de Estados Unidos) Marco Rubio habla de un presidente errático. Si hay un individuo en Colombia que ha luchado contra el narcotráfico y las mafias es el presidente Petro, lo ha hecho toda su vida. Están juzgando por razones ideológicas”, concluyó.
APUESTA POR LA ERRADICACIÓN VOLUNTARIA
El gobierno de Colombia busca establecer estrategias holísticas con el objetivo de implementar políticas más eficaces contra un flagelo que pareciera no tener fin.
Según la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, es preciso reconocer en primer lugar que la lógica de acaparamiento, de concentración y de despojo de la propiedad agraria abrió brechas económicas, sociales y políticas que condujeron al campesinado a la exclusión.
Muchos de los enclaves cocaleros están en áreas de importancia ambiental que, ante la ausencia del Estado, son empleados por los actores armados y los grandes productores de la droga, quienes usan a los agricultores para mantener los cultivos, refirió.
“La apuesta para contrarrestar esas causas estructurales del crecimiento de los cultivos de uso ilícito tiene que ver con la entrega de tierras, de reconocimiento al campesinado y con el acompañamiento para el desarrollo rural”, estimó la funcionaria.
Añadió que ya se aplican estrategias diferenciadas, entre las cuales se halla la del Catatumbo, una zona del noreste golpeada desde hace décadas por la violencia y la pobreza, y en la que algunos titulares desmontan de manera progresiva los cultivos y hacen transición hacia sistemas agroforestales que son apalancados por el Estado.
Igualmente mencionó que en el Cañón del Micay, en el suroeste, se trabaja en la consolidación de sistemas productivos de cacao, café y de cultivos transitorios.
“Con el Ministerio de Ambiente avanzamos en el proyecto de Chocó Biogeográfico (noroeste) con un sistema de pagos por servicios ambientales, de establecimiento de sistemas agroforestales y de sustitución de cultivos de uso ilícito”, puntualizó.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que el gobierno colombiano eliminó en el transcurso de este año más de 11 mil hectáreas de sembrados de coca entre la erradicación y la sustitución de esas plantaciones por otros cultivos lícitos.
Esas acciones, sumadas a la incautación de 700 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo cual evitó que 450 millones de dosis del alcaloide llegaran a las calles del mundo, revelan el compromiso del país en su lucha contra el narcotráfico, aseveró.
Sánchez manifestó que la política impulsada por la actual administración, que paga a los campesinos para sustituir voluntariamente las plantas de coca por variedades que contribuyan a la alimentación humana, resulta más efectiva que la erradicación forzada.
Ejemplo de esto, planteó, es que cómo a pesar de la exterminación por las fuerzas del orden de 106 mil hectáreas en 2021, los cultivos registraron luego un aumento de 60 mil.
Aunque la meta del gobierno es llegar a las 30 mil hectáreas de coca eliminadas antes de que concluya este año, confió en poder alcanzar esa cifra pues, según afirmó, la proyección es superar las 20 mil gracias al programa de sustitución, en tanto la erradicación directa se ubicaría por encima de las 15 mil.
Tomado de Prensa Latina
