Brasilia, 8 ago.- La primera sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil juzga desde hoy a siete exjefes de la Policía Militar del Distrito Federal (PMDF), acusados de omisión en los actos golpistas del 8 de enero de 2023.
Según la denuncia presentada por la Fiscalía General, los implicados no actuaron para prevenir los atentados, a pesar de contar con los medios para hacerlo, cuando adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y saquearon en esa fecha la sede de los Tres Poderes en Brasilia.
El Ministerio Público Federal argumentó además que el grupo era consciente de los riesgos de invadir edificios públicos, tenía el deber de actuar y contaba con los medios necesarios para evitar la destrucción.
Aun así, los militares deliberadamente no impidieron los crímenes, según la Fiscalía General.
En este contexto, ahora son responsables de algunos de los delitos que también se atribuyen a los vándalos.
Se analizará la conducta de los agentes de policía que formaban parte de la cúpula de la PMDF al momento del ataque del 8 de enero.
La Procuraduría General de la República (Fiscalía General) defiende la condena del grupo por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños agravados y perjuicios a bienes protegidos.
Además, «los autos demuestran la omisión deliberada de los acusados de desplegar el personal necesario de la Policía Militar para garantizar la seguridad y prevenir actos vandálicos en las sedes de los tres Poderes del Estado», indica el Ministerio Público.
También la Procuraduría General solicitó la destitución de los acusados de cualquier cargo o función pública que pudieran haber desempeñado, así como la determinación de una indemnización por daños y perjuicios.
Resulta posible el procesamiento de policías militares porque la legislación penal brasileña permite castigar no solo las acciones, sino también las negligencias.
En algunos casos, cuando se sanciona la omisión, la persona puede ser responsabilizada por delitos que no previno. Este es el caso de los agentes castrenses.
La Fiscalía General señala en la acusación que su omisión debe ser castigada, pues tenían la «posición de garante», es decir, deberes de vigilancia, protección y cuidado, consagrados en la Constitución, la cual asigna a los policías militares la «preservación del orden público»
Además, la Ley Orgánica de la PMDF establece que la fuerza debe garantizar el libre ejercicio de las facultades establecidas.
Por otra parte, el Ministerio Público Federal consideró que, en los hechos del 8 de enero, todos los agentes se encontraban en esta posición y debieron haber actuado para prevenir las infracciones.
Al omitir actuar intencionalmente, ahora son responsables de los delitos de quienes invadieron y saquearon la propiedad pública.
Tomado de Prensa Latina
