Hacia rato que no veía a un presidente norteamericano como este Donald Trump, quien sin abandonar una política aparente de conciliación hacia el conflicto ruso-ucraniano y respaldar las criminales acciones israelíes contra palestinos e iraníes, mantiene una frenética ofensiva racista en su anunciada y activa expulsión contra la migración latinoamericana en Estados Unidos.
Ya se ha burlado de toda la legislación vigente que amparaba a la migración, incluso de carácter humanitario, con la opresión de toda índole a la judicatura que le ha dejado hacer, lo cual revela la farsa de la democracia en esa nación.
Trump presentó un recurso de urgencia ante el Tribunal Supremo después de que un juez federal de Boston bloqueara su iniciativa de poner fin al programa de protección. Así, este tribunal ha vuelto a despejar este viernes el camino para que la Administración Trump despoje de protecciones legales temporales a cientos de miles de inmigrantes, elevando a casi un millón el número total de personas que podrían quedar expuestas de nuevo a la deportación.
Los jueces anularon una orden de un tribunal inferior que mantenía la protección de la libertad condicional humanitaria para más de 500 000 inmigrantes de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El tribunal también ha permitido a la Administración revocar el estatus legal temporal de unos 350 000 migrantes venezolanos en otros casos.
El juez Ketanji Brown Jackson escribió en disidencia que el efecto de la orden del alto tribunal es «que las vidas de medio millón de migrantes se deshagan a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sobre sus reclamaciones legales». La juez Sonia Sotomayor se unió a la disidencia.
Jackson se hizo eco de lo que la juez de distrito, Indira Talwani, escribió al dictaminar que poner fin a las protecciones legales antes de tiempo dejaría a la gente con una dura elección: huir del país o arriesgarse a perderlo todo.
PAUSA QUE NO REFRESCA
Por cuestiones de politiquería electoral, el mandatario decidió suspender temporalmente las redadas de inmigración en sectores económicos estratégicos, marcando un cambio significativo en su política migratoria tras enfrentar creciente oposición y protestas ciudadanas.
Por ello, orden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pause las operaciones de aplicación de la ley en industrias fundamentales para la economía estadounidense. La directiva específica incluye la suspensión de todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento en centros de trabajo del sector agrícola, incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne, así como en restaurantes y hoteles.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó que se seguirán las instrucciones presidenciales mientras continúan enfocándose en sacar a los “delincuentes extranjeros ilegales más peligrosos de las calles”. La pausa en las redadas refleja las preocupaciones del gobierno sobre el impacto negativo que estas operaciones están teniendo en sectores económicos vitales y en el apoyo electoral. La industria agrícola, particularmente en estados como California, depende casi exclusivamente de mano de obra inmigrante para sus operaciones diarias.
Las protestas en Los Ángeles han intensificado la presión sobre la administración Trump, quien ha reconocido públicamente que las redadas están afectando significativamente al sector agrícola. Esta situación plantea un dilema para el presidente, quien busca mantener el apoyo de circunscripciones electorales clave de cara a las próximas elecciones legislativas.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha implementado una política migratoria de mano dura sin precedentes. Los responsables de su gabinete mantuvieron recientemente reuniones con la cúpula de ICE, ordenando la realización de 3 000 arrestos diarios, un mandato que ha resultado en la intensificación de las redadas migratorias a nivel nacional.
Esta escalada en las operaciones de inmigración ha generado tensiones entre los objetivos políticos de deportación masiva y las necesidades económicas de industrias que dependen de trabajadores inmigrantes. La decisión de pausar las redadas en sectores específicos sugiere un reconocimiento por parte de la administración de que la política migratoria debe equilibrarse con consideraciones económicas y electorales.
La suspensión temporal de las redadas en agricultura y hostelería no representa un cambio fundamental en la política migratoria de Trump, sino más bien un ajuste táctico ante acciones políticas y económicas. El régimen mantiene su compromiso de continuar las operaciones contra inmigrantes considerados criminales, sugiriendo que las redadas podrían reanudarse en otros sectores bajo diferentes circunstancias. Así, mantiene su política de DEPURACIÓN DE LAS RAZAS.
RETORNANDO AL INFIERNO
Ya habíamos indicado antes como el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió a Trump acabar con la protección legal de casi un millón de inmigrantes.
La Administración Trump alegó que Biden concedió la libertad condicional de forma masiva, y la ley no exige que se termine de forma individual; encargarse de cada caso individualmente sería una «tarea gargantuesca» y ralentizaría los esfuerzos del gobierno para presionar por su expulsión, argumentó el procurador general John Sauer.
Biden utilizó la libertad condicional humanitaria más que ningún otro presidente, empleando una autoridad presidencial especial en vigor desde 1952. Entre los beneficiarios se encontraban las 532 000 personas que han llegado a EE.UU. con patrocinadores financieros desde finales del 2022, abandonando países de origen plagados de «inestabilidad, peligros y privaciones», según afirmaron los abogados de los inmigrantes. Tuvieron que volar a EE.UU. por su propia cuenta y tener un patrocinador financiero para calificar para la designación, que dura dos años.
Los abogados de los migrantes dijeron que la decisión de la Administración Trump fue la primera revocación masiva de la libertad condicional humanitaria, calificando las medidas como «el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos».
El tribunal se ha puesto del lado de Trump en otros casos, incluida la ralentización de sus esfuerzos para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
Trump prometió en la campaña electoral deportar a millones de personas y, tras asumir el cargo, ha tratado de desmantelar las políticas de la Administración Biden que crearon vías para que los inmigrantes vivieran legalmente en Estados Unidos.
El Gobierno está involucrado en batallas legales simultáneas respecto a la deportación de ciudadanos venezolanos que han sido acusados, sin pruebas, de ser miembros de maras o pandillas violentas y expulsados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin garantías judiciales o sin seguridad para poder continuar su proceso de deportación en Venezuela o de regresar a Estados Unidos para un juicio justo, recuerda The Associated Press.
