La Paz, 22 may.- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia Gustavo Ávila pidió hoy al Senado aprobar el proyecto de ley sobre el principio de preclusión, que tiene como objetivo blindar las elecciones generales de agosto próximo
“Les pedimos aprueben el proyecto de ley, aprendamos de nuestros errores, si no queremos que suceda lo mismo (que en los comicios judiciales parcializados en diciembre último), aprobemos el proyecto de ley, que se blinde el principio de preclusión y eso nunca más va a volver a repetirse”, aseguró Ávila.
Entrevistado por el canal estatal Bolivia Tv, el vocal que representa al Gobierno afirmó que, a sabiendas del retraso de la fecha para las elecciones judiciales, el TSE presentó en enero último el proyecto que busca blindar al principio de preclusión.
En tal sentido, sostuvo Ávila que los vocales del TSE están obligados a cumplir una determinación constitucional, caso contrario serán denunciados por desacato y penalmente procesados por la vía ordinaria.
Hace 48 horas, el también vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe advirtió que el Órgano Electoral se encuentra con “las manos atadas” ante acciones judiciales “que buscan empañar el calendario electoral”.
Mencionó que al menos tres recursos están afectando directamente el proceso electoral y comprometen a las candidaturas, sobre todo de fuerzas de izquierda representativas del sector campesino e indígena.
Por una denuncia de este tipo quedó excluido esta semana del proceso electoral el primer expresidente indígena de Bolivia, Evo Morales, pues resultaron infructuosos los reiterados esfuerzos del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) y del instrumento político Evo Pueblo para inscribir sus candidatos porque legalmente estas organizaciones políticas no están habilitadas para participar en los comicios.
Pan-Bol logró apenas 0,52 puntos porcentuales en los comicios generales de 2020, por debajo del tres por ciento requerido para mantener su personería jurídica.
Sin embargo, la exvocal hasta 2024 del TSE Dina Chuquimia consideró que esa eliminación obedeció a una decisión política porque en 2021 ese órgano del Estado le permitió participar en las elecciones subnacionales en las cuales obtuvo escaños municipales y departamentales.
Adicionalmente -recordó Chuquimia-, en febrero de 2024 la Sala Plena del TSE reconoció legalmente su personería jurídica, la cual le retiró ahora para evitar la postulación de Morales.
LA PELOTA PICA Y SE EXTIENDE
Este miércoles, el abogado Humberto Vidaurre presentó una acción popular que también puede afectar el calendario comicial.
Los perjudicados son el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), encabezado por la candidata presidencial Eva Copa; y Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB), del también aspirante a mandatario Manfred Reyes Villa.
El recurso demanda a los vocales del TSE y argumenta que Morena y APB no cumplieron con los plazos mínimos para la obtención de su personería jurídica.
Como en casos anteriores, la acción fue admitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que fijó la audiencia para este 23 de mayo.
En este contexto, cada vez son más las voces que se suman a la demanda de la aprobación de una normativa que frene esta verdadera guerra de amparos y demandas contra las elecciones generales, para que no ocurra como en 2024 con las elecciones judiciales, realizadas el 15 de diciembre fuera de la fecha inicial y solo de modo parcial.
SUPRAPODER
En noviembre de 2024, una sentencia de la Sala IV del TCP ratificó la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni y declaró desierta la convocatoria a la elección de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia en los departamentos de Beni y Pando.
Asimismo, consideró también desierta la convocatoria para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Ante esa decisión, el vocal Tahuichi Quispe calificó de “suprapoder” al TCP en una entrevista concedida al canal DTV, y criticó su injerencia en el resto de los poderes del Estado boliviano, en particular a los magistrados de la Sala IV, Gonzalo Miguel Hurtado y René Yván Espada.
Tomado de Prensa Latina
